Las organizaciones de productores, industria de alimentación y bebidas, distribución, comercio y restauración han puesto de manifiesto su profunda preocupación ante la hipotética subida del IVA que pudiera contemplar la Reforma Fiscal en la que el Gobierno está trabajando en estos momentos.

Los participantes en este encuentro (FIAB, AECOC, ANGED, ACES, ASEDAS, CEC, FEHR, FEHRCAREM y Cooperativas Agro-Alimentarias), en representación de tres sectores estratégicos para la economía española -la industria agroalimentaria, el comercio, y la hostelería y restauración- han querido recalcar ante el Secretario de Estado que esta Reforma Tributaria debería fomentar, y no penalizar, la actividad empresarial.

Las organizaciones representadas han manifestado que han estado desarrollando estudios económicos para analizar el impacto del IVA en los bienes básicos de consumo, que concluyen que cualquier tipo de subida o reclasificación del impuesto que grava estos bienes tendría un impacto muy negativo, no sólo en los sectores dependientes del consumo, sino en la incipiente recuperación económica, dado que un nuevo parón en el consumo podría provocar un freno en seco para el país.

Y para evitarlo, han mostrado su «disposición a colaborar y contribuir» a los trabajos que están desarrollando tanto el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como la propia Comisión de Expertos encargada de la reforma, siendo conscientes de la necesidad de modificar el marco tributario español a fin de hacerlo más eficiente.

En el transcurso de esta reunión también se han propuesto como alternativas a un hipotético incremento o reposicionamiento del IVA aumentar la base impositiva a través de la lucha contra el fraude fiscal.

Por otro lado, las organizaciones han demandado llevar a cabo un debate sobre la calidad del gasto, resaltando la necesidad de que los recortes se concentren en partidas no fundamentales para el futuro de la economía y la sociedad española.

Por último, los sectores empresariales consideran fundamental ordenar la financiación de las Comunidades Autónomas para evitar una segunda generación de alzas impositivas que penalizan la actividad económica.