Una de las ponencias más interesantes de la pasada feria Horeq fue la referente a gases fluorados y cómo afecta su regulación a la hostelería, impartida por la consultora Ampell. En el caso del nuevo impuesto del Gobierno, va a suponer un gasto medio de unos 1.000 euros al año para un establecimiento hostelero de tamaño medio.

Los fluorados se emplean en disolventes, espumas de aislamiento, extintores, y en lo que a la hostelería atañe, en las instalaciones de aire acondicionado y máquinas frigoríficas. La legislación española sobre estos gases es la aplicación directa del Reglamento (CE) nº 842/2006, que básicamente supone que las todas las empresas de mantenimiento y gestión tienen que estar registradas.
¿Cómo afecta a la hostelería, como usuaria de fluorados, esta normativa? «Los hosteleros han de saber que, en el momento en que ceden sus instalaciones a un instalador, éste adquiere las responsabilidades que indica el Reglamento», explica Juan Carlos Bajo, director de Ampell, que realizó la ponencia en Horeq.
Sólo las empresas autorizadas pueden manipular o instalar gases fluorados, indica en Reglamento. Por ello, primeramente el hostelero debe asegurarse de que la empresa con la que vaya a trabajar esté dada de alta en el Registro. «Pedir una fotocopia del certificado: esa es la única responsabilidad del hostelero», señala el director de Ampell.
La normativa hace especial hincapié en el control de fugas. «Con el nuevo impuesto del Gobierno todo el gas que se va, paga. Y conviene saber que el coste de rellenar un equipo frigorífico se ha multiplicado por ocho«, indica este consultor.

Toda instalación de gases fluorados ha de ser periódicamente controlada para ver si tiene fugas, incluso en bares pequeños

Por su parte, el mantenedor tiene que declarar cuántos kilos de gas ha rellenado, y la instalación queda registrada. «En cualquier caso, la mejor noticia para el hostelero es que la empresa de mantenimiento pasa a ser operadora de la instalación, y es la responsable si esa instalación tiene fugas».
Toda instalación de gases fluorados ha de ser periódicamente controlada para ver si tiene fugas (salvo en equipos domésticos), lo que supone que incluso en pequeños bares las instalaciones han de revisarse, en plazos de 3 y 6 meses según las capacidades de los equipos.
En cualquier caso, el hotel o restaurante, al firmar un contrato de mantenimiento, traslada la responsabilidad al mantenedor, según indica el Reglamento. Eso sí, los establecimientos deben tener disponibles los libros de registro de sus sistemas de gases fluorados (que han de actualizar los mantenedores) por su se presenta una inspección.
El tasazo al frío de Montoro
El director de Ampell también explicó las repercusiones del denominado «tasazo al frío» que el Gobierno ha impuesto a las recargas de gases fluorados. «Es totalmente atípico», señala, «ya que al final los hosteleros acaban pagando una tasa y el IVA de esa tasa. La hostelería y la alimentación son los grandes perjudicados, porque al contrario de otros sectores, no se les permite emplear como refrigerantes el amoniaco u otros productos alternativos».
El Gobierno prevé recaudar con este «tasazo al frío» cerca de 340 millones de euros al año, de los que gran parte recae en la hostelería.

En bares y restaurantes, el impuesto a las recargas de gases fluorados va a suponer una media de 1.000 euros al año para un establecimiento de tamaño medio. Por cada kilogramo de gas que metamos en un equipo hostelero se multiplica por ocho el coste de la recarga

En el caso de los bares y restaurantes, se calcula que el impuesto va a suponer una media de 1.000 euros al año para un establecimiento de tamaño medio. «Para hacernos una idea, por cada kilogramo de gas que metamos en un equipo hostelero se multiplica por ocho el coste de la recarga, señalan desde Ampell.
¿Cómo se paga este impuesto? «Cada vez que nos hagan una recarga, en la propia factura. Y encima, se aplica el IVA correspondiente, algo muy cuestionable, ya que en teoría no se puede aplicar un impuesto dentro de un impuesto». En definitiva: lo que para el instalador es un impuesto, para el restaurante o bar es un gasto más con el que ha de contar, y cada vez que tenga una fuga ha de pagar por ese gas.
El instalador está obligado trimestralmente a declarar todas las recargas que ha realizado, lo que supone que en un plazo de tres años todas las instalaciones estarán incluidas en el registro, incluidas las hosteleras, y la Administración las tendrá controladas.
¿Qué puede hacer la hostelería?
«No hay forma de escapar a este impuesto», señala Juan Carlos Bajo, «ya que el fabricante ha de declarar a quién vende, y el instalador a quién recarga». No hay gran margen de maniobra para la hostelería, que como mucho puede:
1. Plantearse sustituir el gas de sus equipos por otro fluorado de menor coste. «Pero ojo, siempre hay que ver si el gas más económico tiene la misma capacidad frigorífica», señalan desde Ampell. Deben asesorarse bien.
2. Plantearse con cuidado la compra de nuevos equipos, y comprobar si el gas fluorado que tienen es el mejor.
3.  Vigilar las fugas: las recargas cuestan.
Lo mejor, en cualquier caso, es hablar con la empresa instaladora. «Que revise bien todo y que haga un plan a medida del establecimiento. No es tanto el problema de la inversión al comprar un equipo, sino el de su mantenimiento«, señalan desde Ampell.