La patronal hostelera española traslada al Ejecutivo la dificultad de acceso a los Ertes y demanda moratorias de las hipotecas, la suspensión total de la cotización de autónomos de hostelería, una real flexibilización de la financiación bancaria y la suspensión de pago de los arrendamientos de los locales.
Hostelería de España ha trasladado al Gobierno la preocupación del sector ante las dificultades que están teniendo los hosteleros a la hora de aplicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, aprobado por el Gobierno para hacer frente a la crisis del coronavirus, y ha reclamado la ampliación de las medidas anunciadas «para poder salvaguardar la continuidad de los negocios hosteleros».
En una reunión con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, junto con las entidades del sector Marcas de Restauración, Restauración Colectiva, Aecoc y Competur, así como en un documento de propuestas que ha hecho llegar al Ejecutivo, la patronal hostelera señala que los empresarios hosteleros se están encontrando con «numerosas dudas y obstáculos en relación a la aplicación y tramitación de los Ertes».
“El acceso a los Ertes varía a lo largo del territorio y en muchas regiones las delegaciones de Empleo están exigiendo a los negocios aportar toda la documentación de los trabajadores, lo que alarga y complica los trámites. Otro de los principales problemas es la obligatoriedad de comunicación a los trabajadores por parte del empresario del cese o disminución de la actividad del negocio”
“Precisamente este tipo de medidas tomadas por el Gobierno tienen por objetivo la flexibilización y agilización de los procedimientos de regulación de empleo y la mejora de la cobertura, pero nos hemos encontrado con diversos obstáculos que impiden esa agilidad”, señala el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel. “Un ejemplo claro es que el acceso a los Ertes varía a lo largo del territorio y que en muchas regiones las delegaciones de Empleo están exigiendo a los negocios aportar toda la documentación de los trabajadores, lo que alarga y complica indudablemente los trámites”.
Otro de los principales problemas es la obligatoriedad de comunicación a los trabajadores por parte del empresario del cese o disminución de la actividad del negocio. “Se están devolviendo Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por defecto en la comunicación, cuando el anuncio del presidente del Gobierno del cierre de los centros de trabajo relacionados con la hostelería debería ser una notificación válida de por sí”, explica el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego. “Necesitamos que el Erte solicitado por la empresa, ya sea de reducción de jornada o de suspensión temporal de la actividad, sea automáticamente autorizado por la Autoridad Laboral, o al menos, que se conceda una autorización provisional de manera inmediata. Con esto se conseguiría no dilatar de manera innecesaria el procedimiento, ya que se considera proveniente de una causa de fuerza mayor”.
Hay otras dudas sobre el funcionamiento de los Ertes, como la obligatoriedad por parte de la empresa de mantener los puestos de trabajo en los seis meses siguientes desde la fecha de reanudación de la actividad. “Es realmente difícil asegurar el mantenimiento de los mismos empleos en los seis meses siguientes al Erte, puesto que los negocios se van a ver duramente afectados por el parón provocado por la crisis sanitaria”, explican desde Hostelería de España.
“Necesitamos que el Erte solicitado por la empresa, ya sea de reducción de jornada o de suspensión temporal de la actividad, sea automáticamente autorizado por la Autoridad Laboral, o al menos, que se conceda una autorización provisional de manera inmediata. Con esto se conseguiría no dilatar de manera innecesaria el procedimiento
Los hosteleros también inciden en la urgencia por buscar la flexibilización de la financiación bancaria y la renegociación de pólizas y solicitan moratorias de las hipotecas y créditos con los bancos de préstamos. También reclaman la suspensión total de la cotización de autónomos de hostelería, incluyendo la del mes de marzo, ante la falta de ingresos y liquidez que sufren estos empresarios desde que se anunciara el cierre de los establecimientos.
Otra de las medidas que piden es la búsqueda de una flexibilización real de la financiación bancaria, reducción de costes y la renegociación de pólizas “con la finalidad de que las empresas obtengan liquidez para hacer frente a todas sus obligaciones”. Así, una de las medidas por las que aboga la patronal es la búsqueda de líneas de crédito específicas para las pymes.
Suspensión de alquileres
Además, la entidad hostelera recuerda que otra de las medias que califica de “urgentes” es la de resolver la suspensión de pago de los arrendamientos de los locales hosteleros durante el tiempo que se encuentren inactivos. Por ello insta al Gobierno y a los arrendadores a alcanzar medidas como las que se están produciendo en Francia, Italia, Alemania, Qatar o Canadá, recordando que la suspensión de la renta de los alquileres es de especial urgencia «para un sector de frágil estructura financiera y con lentitud en el acceso a las medidas de apoyo que impulsan las administraciones».
“Hacemos este llamamiento desde la firme convicción de que el esfuerzo financiero para salvar nuestra hostelería debe recaer en toda la cadena de valor del sector”, señalan desde Hostelería de España. Se solicita que la cancelación del pago sea efectiva ya en los recibos que se liquiden a finales del mes de marzo y principios del mes abril y afecten a las rentas a devengar desde el 14 de marzo. La patronal hostelera insiste en que “diluir los efectos financieros de la crisis entre todos los agentes implicados en la actividad hostelera es la única manera de asegurar la pervivencia de nuestros establecimientos una vez se recupere la normalidad sanitaria y social en el país”.
Se solicita que la cancelación del pago de alquileres sea efectiva ya en los recibos que se liquiden a finales del mes de marzo y principios del mes abril y afecten a las rentas a devengar desde el 14 de marzo
Además, consideran que “al ser la actividad de nuestros negocios una de las suspendidas por el Real Decreto 463/2020 y en aplicación del artículo 1105 del Código Civil, nos encontramos ante un supuesto de exoneración de rentas por fuerza mayor. Por ello, en aplicación de la doctrina Rebus Sic Stantibus, el arrendatario es exonerado del pago de alquileres o rentas, desde la fecha de entrada en vigor del referido Real Decreto 463/2020”.
Por otro lado, instan a los hosteleros a buscar una solución con sus arrendadores, ante este supuesto de exoneración mencionado, con el fin de intentar asegurar la continuidad de los negocios una vez que finalice esta grave crisis sanitaria. El fin que se persigue con esta medida es inyectar liquidez a los establecimientos para preservar su continuidad. Finalmente, Hostelería de España invita a sus asociados y a los empresarios del sector hostelería a que animen a sus arrendadores «a solicitar el resarcimiento del daño económico sufrido por la vía de la reclamación patrimonial a la Administración Pública (art. 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio y artículos 32 y 35 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público)».
