Con el nuevo estado de alarma y el consiguiente cierre de hoteles, la patronal del sector Cehat y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) piden al Gobierno que reactive las medidas de bajada de potencia eléctrica y de caudal de gas sin penalización. Ello supondría un ahorro de sobrecoste energético de entre 2.000 y 3.000 € mensuales a cada establecimiento.
Tras la declaración en marzo de 2020 del primer estado de alarma, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico adoptó una serie de disposiciones (recogidas en el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo) y determinó destinar medidas para pymes relacionadas con el abono de servicios básicos como la electricidad y el gas durante el estado de alarma y los tres meses posteriores. Entre ellas, se contemplaba la suspensión de pago de las facturas tanto de gas como de electricidad a pequeñas y medianas empresas y las modificaciones sin penalización de potencias en electricidad y de caudal en gas.
Estas medidas ayudaron a aliviar en cierta medida la situación del sector del alojamiento ya que, con la pandemia, muchos establecimientos se vieron obligados a cerrar y a solicitar el cambio de potencia energética. En el caso de la electricidad, la normativa general permite tan sólo un cambio al año. Así, con la llegada de la desescalada y la reapertura de algunos establecimientos hoteleros, los alojamientos que abrieron pudieron solicitar de nuevo un cambio de potencia gracias a las medidas contempladas por el Ejecutivo. No obstante, estas disposiciones dejaron de estar en vigor en septiembre de este año.
Sin embargo, con la declaración del nuevo estado de alarma (que podría durar hasta mayo de 2021), muchos establecimientos se están viendo en la obligación de volver a cerrar y, con la actual normativa, no pueden solicitar un nuevo cambio de potencia energética.
Estas disposiciones son fundamentales para paliar el fuerte impacto económico que está originando la pandemia en el sector, que se estima en unos 50.000 euros por hotel al mes, de los que el sobrecoste energético supone entre 2.000 y 3.000 euros mensuales por alojamiento
Por ello, Cehat e ITH demandan que se mantengan o prorroguen las dos medidas especiales aprobadas durante el anterior estado de alarma, o que se consideren otras similares y que el marco legislativo aporte medidas concretas para que cada establecimiento pueda implementar soluciones particulares de forma flexible. Esto permitiría proteger la viabilidad de las empresas y la competitividad del sector, también desde el punto de vista energético.
Estas disposiciones son fundamentales para paliar el fuerte impacto económico que está originando la pandemia en el sector, que se estima en unos 50.000 euros por hotel al mes, de los que el sobrecoste energético supone entre 2.000 y 3.000 euros mensuales por alojamiento.
“Ante un escenario cambiante, necesitamos medidas flexibles -señala Jorge Marichal, presidente de Cehat. “La situación se complica por momentos para el sector alojativo español. No se vislumbra solución a corto plazo, y muchos alojamientos siguen cerrados o están a punto de cerrar sus puertas ante la falta de clientes. Necesitamos soluciones concretas que permitan la supervivencia del sector hasta que se garantice la reactivación de la actividad turística y la reapertura de los establecimientos hoteleros”.
Por su parte Álvaro Carrillo, director general del ITH, aseñala que “este tipo de medidas para pymes son esenciales para poder adaptar las necesidades de los establecimientos alojativos a las nuevas medidas tomadas desde el Gobierno para combatir la pandemia”.
