El Gobierno ha presentado finalmente el Plan de Refuerzo a la hostelería, turismo y comercio, con un importe de 4.220 millones y con medidas que pretenden aliviar la compleja situación de empresas y autónomos de estos sectores. Se refuerzan Ertes, se crea una nueva línea ICO, se aligeran alquileres y hay rebajas fiscales y aplazamientos de deudas tributarias y cotizaciones a la seguridad social, pero no hay ayudas directas…

El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente el esperado Plan de Refuerzo para la hostelería, el turismo y el comercio con nuevas medidas que pretenden aliviar la situación de empresas y autónomos de estas actividades y atender sus costes fijos como los salarios, arrendamientos o pago de impuestos, entre otros, para permitir que puedan mantener su viabilidad.

Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, “se trata de una batería de medidas necesarias para unos sectores muy castigados por la pandemia. Era un compromiso de este Gobierno, y lo hemos cumplido para no dejar a nadie atrás”.

Las medidas del Plan se dividen en cinco grandes bloques:

1- Medidas dirigidas a arrendamientos de locales de negocio

En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor (con 10 o más locales), si las partes no llegaran a un acuerdo, el arrendatario que sea pyme o autónomo podrá elegir entre las siguientes alternativas:

• Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma, sus prórrogas, y hasta un plazo máximo de cuatro meses adicionales a contar desde la finalización del estado de alarma.
• Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma, sus prórrogas y hasta un plazo máximo de cuatro meses adicionales a contar desde la finalización del estado de alarma. El pago aplazado de las rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años, a contar desde la finalización de la moratoria.

El número potencial de locales beneficiarios sería de 190.000, de los que 33.000 corresponderían a locales relacionados con el turismo y 157.000 a locales comerciales.

Sobre los arrendamientos, se establece una quita del 50%, o bien un aplazamiento del pago hasta cuatro meses después de la finalización del estado de alarma de la renta de locales comerciales propiedad de grandes tenedores alquilados a pymes y autonomos. Y para los pequeños arrendadores de locales comerciales,se ha aprobado un incentivo fiscal en el IRPF por la cuantía de la rebaja de la renta acordada con su arrendatario durante el primer trimestre de 2021

Para el resto de arrendadores de locales, se establece un incentivo fiscal con el que se pretende que las personas físicas que alquilan los locales en los que se desarrollan actividades económicas vinculadas al sector turístico, la hostelería y el comercio acuerden voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, permitiendo computar como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante tales meses.

Este incentivo tiene un coste estimado de 324 millones de euros y permite deducir hasta el 100% de la cuantía del alquiler mensual en el caso que el arrendador rebaje toda la renta. Se estima que 323.701 arrendadores se pueden acoger a la medida

2- Medidas de liquidez y solvencia

• La primera es la ampliación en la carencia de los préstamos avalados por las líneas ICO y por las sociedades de garantía recíproca de las distintas comunidades autónomas con reafianzamiento de Cersa, así como de su periodo de amortización, medida aprobada el pasado 24 de noviembre en Consejo de Ministros. En concreto, se instrumentó la ampliación por un año adicional de la carencia para la devolución de los prestamos ICO, siempre y cuando la carencia total no supere los 24 meses, y de los avales de las SGR con reafianzamiento de Cersa, así como del periodo de amortización, en un máximo de 3 años, sin poder superar los 8 años el vencimiento total de la operación.
  Esta medida va a beneficiar a más de 256.000 empresas del sector turístico, hostelería y comercio, y supone una reducción del esfuerzo financiero como consecuencia del aplazamiento en la devolución del principal e intereses de los préstamos avalados por el Estado.

• La segunda es la creación de un nuevo tramo de la línea de avales del ICO aprobada en el Real Decreto-ley 25/2020, para pymes y autónomos del sector turístico, hostelería y actividades anexas dotada con 500 millones de euros y con hasta un 90% de garantía. Esta línea permitirá obtener financiación a empresas muy afectadas por el Covid-19 como las agencias de viajes, el transporte discrecional y el sector alojativo, al incrementarse la garantía pública de los avales en 10 puntos respecto a la línea ICO Covid-19.

Se crea un nuevo tramo de la línea de avales del ICO dotada con 500M€ y un 90% de garantía del Estado

Por otro lado, las agencias de viaje y operadores turísticos y los servicios de reservas podrán utilizar la financiación avalada por el ICO para la devolución de los anticipos de clientes por viajes combinados y derechos de resarcimiento.

Por último, dentro de este bloque de financiación se propone la creación de una Sociedad de Garantía Recíproca de carácter exclusivamente turístico que tiene como finalidad facilitar el acceso a la financiación mediante garantías. Su capacidad para inyectar liquidez es del 700% de su capital.

3- Medidas tributarias

Se aprueba una nueva edición del aplazamiento de deudas tributarias que se reguló por el Real Decreto-ley 7/2020, que permite aplazar durante 6 meses, con 3 de carencia de intereses, previa solicitud, deudas tributarias correspondientes a declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, de modo que en lugar de ingresar en abril se ingresarían las deudas en octubre. De esta forma se evitan las posibles tensiones de tesorería que puedan experimentar las pymes y autónomos.

El importe potencialmente aplazado ascendería a unos 2.668 millones de euros, y el número total de personas beneficiadas por los aplazamientos sería de unos 617.000 contribuyentes, de los cuales unos 92.000 son del sector horeca (hostelería y restauración) y 68.000 contribuyentes son de comercio al por menor.

En el Plan se contempla la disminución del rendimiento de módulos del IRPF y régimen simplificado del IVA de hasta el 35% para las actividades de turismo, hostelería y comercio

Otra medida tributaria que recoge el plan es aumentar la reducción en la tributación por el sistema de módulos en el IRPF del 5% actual al 20% con carácter general para el año 2020. Sin embargo, para los sectores que se han visto más afectados por las medidas adoptadas para combatir la pandemia, como es el caso de la hostelería, el comercio y el turismo, esa reducción en la tributación por módulos llegará al 35%.

Esta medida se aplicará para el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021. De hecho, las reducciones del 20% con carácter general y del 35% para el turismo, la hostelería y el comercio, también se aplicarán en la tributación del régimen simplificado del IVA correspondiente a la cuota devengada de 2020 y a la primera cuota trimestral de 2021. El importe estimado de la reducción del IRPF o el IVA ascendería a 117 millones de euros, y el número de beneficiarios de esta medida para el sector turístico y comercial es de 132.000 contribuyentes.

Otras medidas tributarias son la reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF; la exención prevista para las retribuciones en especie del servicio de comedor de empresa, aplicable el consumo de comida tanto en delivery como take away; la deducibilidad de pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores, y la reducción del plazo que las cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de dudoso cobro.

4- Medidas laborales y Seguridad Social

Se extienden las exenciones previstas en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020 de medidas sociales en defensa del empleo a determinados sectores económicos a los siguientes subsectores, que pasan a ser hiperprotegidos: comercio al por mayor de bebidas, restaurantes y puestos de comidas, establecimientos de bebidas, y actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales.

Esta medida se aplica a los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021, «y su prorroga se determinará en el nuevo acuerdo social que se está negociando con sindicatos y patronal para el conjunto de sectores protegidos por los Ertes».

Se incluye dentro de las actividades hiperprotegidas en el esquema de Ertes a cinco nuevas actividades, entre ellas comercio al por mayor de bebidas, restaurantes y puestos de comidas y establecimientos de bebidas

Otra medida recoge el aplazamiento en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Se trata de una extensión de la medida adoptada en el RDL 11/2020. Esta medida se ha incluido en la Ley de PGE 2021, y se podrán beneficiar empresas (cuotas devengadas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021) y autónomos (cuotas devengadas entre los meses de enero a marzo de 2021). El tipo de interés de los aplazamientos será del 0,5% y el impacto ascenderá a 205 millones de euros.

En el ámbito de la Seguridad Social, las empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo, comercio y hostelería, podrán aplicar una bonificación del 50% de las cuotas a la Seguridad Social para la contratación de fijos discontinuos de abril a octubre de 2021. El coste será de unos 73 millones de euros.

5- Medidas regulatorias

Se flexibilizan los requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales, que son ayudas financieras que concede el Gobierno a la inversión productiva para fomentar la actividad empresarial. Consisten en subvenciones a fondo perdido y tienen como objetivo paliar los desequilibrios interterritoriales. Se estima que esta medida beneficiará a unos 615 proyectos de inversión empresarial que se encuentran actualmente en vigor o en fase de mantenimiento del empleo y/o las inversiones, con una subvención total asociada de más de 740 millones de €, de los que en torno a un 40% se corresponden con ayudas al sector turístico.

También se amplía la moratoria para presentar concurso de acreedores.

Por último, se establece un régimen transitorio de las zonas de gran afluencia turística para 2021. La pandemia ha provocado la caída de turistas, por lo que las zonas no cumplirían los criterios establecidos. Por ello, no resultarán de aplicación los datos referidos al año 2020 sobre habitantes, pernoctaciones y cruceristas en puertos en los que operen cruceros turísticos, y se utilizará la media de los tres años anteriores.

La respuesta de la patronal hostelera: “es insuficiente y queda muy lejos de las ayudas directas de otros países europeos”

Hostelería de España considera «insuficiente» el plan de medidas aprobado en el Consejo de Ministros, que se aleja de las ayudas en el resto de Europa se están destinando a la hostelería, y que hace meses que países como Francia, Italia y Alemania vienen aplicando.

José Luis Yzuel, presidente de la patronal hostelera, señala que la falta de ayudas directas en el plan del gobierno «es incomprensible teniendo en cuenta lo aprobado en otros países de Europa, donde el peso del sector turístico es mucho menor en el PIB o en generación de empleo en comparación con España«. Alemania ha puesto en marcha ayudas directas de más de 10.000 millones de euros, además de haber aprobado importantes reducciones de IVA y medidas de fomento a la demanda; y Francia, además de aprobar bonos al consumo, también concede ayudas directas por un importe de 10.000 euros por establecimiento.

Muchas de las medidas aprobadas en el Plan de Refuerzo responden a las demandas hosteleras, pero falta el plan de ayudas directas con los 8.500 millones de euros que los hosteleros consideran que son necesarios para rescatar al sector. «Si el Gobierno no lo pone en marcha nos iremos a un escenario de pérdida de más de un millón de empleos, entre directos e indirectos, y el cierre de 100.000 establecimientos«, advierte la patronal, que asegura sentir «una decepción profunda».

Las posibles ayudas directas, que quedan en manos de las Comunidades Autónomas, «generará mayor desigualdad entre la situación que sufrirán unos hosteleros u otros en función de la Comunidad Autónoma donde vivan. Si este es todo el plan, podría desaparecer el 40% del sector», advierten.

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