Los bares y restaurantes de los municipios de Euskadi que se encuentran en zona roja pueden reabrir sus puertas, según el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Una medida que da esperanza a la hostelería de otras Comunidades Autónomas, mientras que el sector manifiesta su desesperación a nivel nacional.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha aceptado el recurso de las tres asociaciones hosteleras de Euskadi, que pedían volver a la actividad en las zonas rojas o de máxima transmisión, al considerar que la misma no está en el origen del aumento de contagios. El auto señala que «no aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad» y que la actividad hostelera “no aparece en este momento como un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública”, como defendía el Ejecutivo autónomo al ordenar el cierre.
El Tribunal reconoce el perjuicio económico que supone el cierre de la actividad para un sector que da empleo a unas 60.000 personas y que «genera un grave quebranto económico de muy difícil reparación«. También recuerda que días antes de la escalada del nivel de contagios «comenzaron a producirse encuentros y reuniones familiares», que podrían producir en torno al 80% de los contagios, según una parte importante de los epidemiólogos.
En definitiva, los establecimientos hosteleros en zona roja del País Vasco podrán abrir con las medidas vigentes en aquellos municipios fuera de esta alerta de máxima transmisión.
No obstante, no todo está ganado para los hosteleros vascos, ya que el auto señala que las medidas cautelares adoptadas «podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si cambiasen las circunstancias en virtud de las cuales se hubieren adoptado», y cabe además recurso de reposición en un plazo de cinco días.
De hecho, la respuesta del Gobierno Vasco no se ha hecho esperar: considera «especialmente grave» que los tribunales entren a valorar riesgos sanitarios e insinúa que endurecerá las restricciones para poder compensar el efecto que podría tener la reapertura de la hostelería en los contagios por Covid, recordando que la situación epidemiológica es «alarmante».
Esperanza para otros hosteleros
El fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco supone un balón de oxígeno para la hostelería de otras Comunidades. Así, la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) ha recibido con “alegría y esperanza” el auto del Tribunal vasco. Su presidente, Ángel Cuevas, ha lamentado que en su región, a pesar de haber presentado cuatro demandas pidiendo “estas mismas cautelares, con esos mismos argumentos, nuestro tribunal, no haya tenido el arrojo de concedérnoslas”. Avisa además de que si se prorrogan los cierre “volveremos a llevar a los tribunales” al Gobierno de Cantabria.
Cuevas ha mostrado su confianza en que el Tribunal de Justicia de Cantabria “coja el guante” del País Vasco” y “acabe por fin dándonos la razón”. Y recuerda que, según fuentes del Ministerio de Sanidad, en hostelería se producen menos del 3% de los contagios. “No somos el foco del virus”, afirma y señala la incidencia acumulada en los últimos 14 días entre País Vasco y Cantabria muestra curvas similares, “a pesar de tener restricciones diferentes».
La hostelería no quiere seguir pagando los platos rotos
Mientras tanto, el sector hostelero muestra su desesperación. La patronal Hostelería de España junto con Hostelería Madrid y la Asociación Madrileña de empresas de restauración (Amer), han realizado un acto simbólico de protesta delante del Ministerio de Hacienda, que se ha celebrado simultáneamente en distintas provincias del territorio nacional como Navarra, Valladolid, Cantabria, Murcia, Almería, Segovia, Ávila, La Rioja, Ciudad Real, Asturias, Lugo y León, entre otras.
En la acción se han roto unos platos como metáfora de la situación que vive la hostelería un año después del inicio de la pandemia. Un sector sigue pagando “los platos rotos” debido a la falta de ayudas directas y a la criminalización, y que es uno de los más afectados por las restricciones impuestas desde los distintos gobiernos nacional y autonómicos. las cifras hablan por sí solas, con más de 70.000 millones de euros de pérdidas en la facturación y el cierre a más de 85.000 bares y restaurantes. En el conjunto hostelero se pueden llegan a perder un millón y medio de empleos entre directos e indirectos.
“La desesperación crece en el sector porque estamos decepcionados con la gestión de toda esta crisis, en la que se sigue criminalizando a la hostelería, mientras que seguimos sin conocer las ayudas directas que se destinarán exactamente en cada Comunidad Autónoma a nuestro sector”, explicaa José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España. Solamente el 24% de las mismas ha entregado ya de manera total o parcial dichos pagos: concretamente Baleares, Cataluña, Galicia, La Rioja y Murcia.
