Las principales asociaciones españolas del comercio y la hostelería se unen para solicitar a las Administraciones Públicas medidas compensatorias directas por los cierres y limitaciones de actividad forzados, que han provocado el cese de 148.000 negocios y la pérdida de 82.000 millones de euros de facturación y de medio millón de empleos, y exigen un plan de reactivación que garantice su futuro a corto plazo.

Los sectores del comercio y la hostelería tienen un peso en la economía española del 19,2% y constituyen la parte más importante de la economía española en términos de empleo (17,1% de afiliados a la seguridad social, según la CEOE).

Tras casi un año de cierres forzados de establecimientos, y de continuas y rigurosas limitaciones en su actividad, ambos sectores denuncian que sus empresas se encuentran en situación crítica, y no hay perspectivas a corto o medio plazo de que la situación vaya a cambiar.

Los datos reales indican una pérdida de facturación de 82.000 millones de euros que ya ha provocado el cierre de 148.000 establecimientos y la destrucción de alrededor de medio millón de puestos de trabajo. Un escenario que previsiblemente seguirá empeorando debido a la contracción del consumo privado en casi un 14% a causa de las restricciones y cierres de actividad decretados de manera sucesiva por las diferentes Administraciones Públicas.

Unidos en una gran alianza

Ante la gravedad de la situación generada por la pndemia y sus dramáticas consecuencias para el comercio y la hostelería, las principales asociaciones de estos sectores se han unido en una gran Alianza del Comercio y la Hostelería, con el fin de exigir a las diferentes Administraciones Públicas la adopción de medidas compensatorias. En concreto Acotex, Amicca, Anceco, CEC, Comertia, Eurelia, Fece, Hostelería de España y Marcas de Restauración han sido las organizaciones que se han unido en esta alianza para representar a la mayoría del comercio y hostelería del país: agrupan más de 730.000 establecimientos conjuntamente.

Las asociaciones del comercio y de la hostelería reiteran su firme compromiso en la lucha contra la pandemia y su implicación responsable en la seguridad de los clientes y trabajadores, y recuerdan que las restricciones impuestas no tienen base científica, según ha reconocido el propio Ministerio de Sanidad.

Necesidad de medidas urgentes

En consecuencia, «y ante una imperiosa necesidad de supervivencia«, la nueva Alianza del Comercio y la Hostelería demandan de las Administraciones Públicas la adopción urgente de diferentes ayudas y medidas, en línea con las ya aplicadas en varios países europeos:

• Financieras: incremento del periodo de carencia de los créditos ICO en 12 meses, solución compensatoria para las empresas que no han solicitado ICOs y ayudas directas compensatorias, en proporción al descenso de ventas respecto a 2019.

• Laborales: prolongar los ERTE hasta diciembre de 2021 y posibilidad de flexibilizar la plantilla, bajo un criterio de proporcionalidad, después del periodo de Erte, «con el fin de evitar el cierre de más empresas».

• Alquileres: ajustar los contratos a la interpretación de la cláusula rebus sic stantibus y promover un periodo de “protección jurídica”, que impida la ejecución de avales o desahucios, como consecuencia de diferencias de abono de rentas motivados por los procesos de negociación de los contratos.

• Fiscales: reducción temporal de IVA, para facilitar y potenciar el consumo hasta recuperar el volumen de ventas normal, y reducciones/exenciones de impuestos y tasas (IBI, IAE, Basuras,…)

La Alianza de Comercio y Hostelería invita al resto de organizaciones afectadas por la situación actual a secundar esta iniciativa cuyo objetivo «es salvar el cierre de decenas de miles de establecimientos, impedir la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo y atajar el deterioro de la economía española«.