El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, que destina 11.000 millones de euros a autónomos y empresas, de los que 7.000 millones de euros se anuncian como ayudas directas. Una cantidad que es insuficiente y tardía para el sector turístico y hostelero.
El alargamiento de la crisis sanitaria y sus efectos en la economía ha llevado al Gobierno a aprobar un Real Decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial. En concreto, se crean tres fondos de ayuda a empresas viables cuya situación patrimonial se haya deteriorado como consecuencia de la pandemia por un total de 11.000 millones de euros, y se prorrogan las moratorias concursales hasta finales de 2021, además de otras medidas para facilitar el aplazamiento de deudas tributarias.
Condiciones para las ayudas
La recepción de todas estas ayudas estará condicionada a que las empresas receptoras no tengan su domicilio en un paraíso fiscal; no estén en concurso ni hayan cesado la actividad en el momento de la solicitud; se hallen al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, y no repartan dividendo ni aumenten los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años, así como al mantenimiento de su actividad hasta junio de 2022.
1. Línea de 7.000 millones de euros para ayudas directas a autónomos y empresas
La nueva Línea de ayudas directas a autónomos y empresas, dotada con 7.000 millones de euros, tiene como objetivo que las comunidades autónomas concedan ayudas directas a los autónomos y empresas de los sectores más afectados por la pandemia cuyos ingresos hayan caído más de un 30% con respecto a 2019. Estas nuevas ayudas directas no reembolsables se añaden a los fondos, por importe de 24.000 millones de euros, ya transferidos por el Estado a las comunidades autónomas en 2020 y 2021
Las nuevas ayudas establecidas tendrán carácter finalista y se emplearán para el pago de deudas contraídas por las empresas desde marzo de 2020, como pagos a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera.
Podrán acceder a estas ayudas todas las empresas y autónomos del sector de la hostelería y la restauración, los sectores con acceso a los Ertes ampliados establecidos en el Real Decreto-ley 2/2021, y otros especialmente afectados por la pandemia, como las actividades de la industria manufacturera relacionadas con el comercio y la hostelería; comercio al por mayor y minorista; sectores auxiliares al transporte; mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionas con la cultura y las actividades deportivas. En total, son cerca de un centenar las actividades a las que podrán llegar los recursos.
Pueden acceder a estas ayudas todas las empresas y autónomos del sector de la hostelería y la restauración, los sectores con acceso a los Ertes ampliados establecidos en el Real Decreto-ley 2/2021, y otros especialmente afectados por la pandemia,
Esta línea constará de dos compartimentos: uno de 5.000 millones, que se destinará al conjunto de comunidades autónomas, salvo Islas Baleares y Canarias. La asignación de los fondos se realizará siguiendo los mismos criterios que los utilizados para el REACT EU: impacto de la pandemia en la riqueza de la CC AA, impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil.
El segundo compartimento, de 2.000 millones de euros, se destinará a Islas Baleares y Canarias, por el impacto diferencial sobre su economía del mayor peso de los sectores más afectados por la pandemia. Podrán beneficiarse autónomos y empresas viables que hayan tenido una caída de sus ingresos de al menos el 30% en 2020 respecto al año anterior.
Las ayudas cubrirán hasta un 40% de la caída adicional de ingresos de las microempresas y autónomos (con hasta 10 empleados), y un 20% para el resto de empresas, con una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva y un rango de entre 4.000 y 200.000 euros para el resto.
2. Ayudas para la reestructuración de deuda financiera Covid
Este segundo eje de actuación incluye un conjunto de medidas de apoyo y flexibilización de los préstamos que cuenten con aval público, permitiendo así que el ICO se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración que pacten los bancos y sus clientes, protegiendo también la estabilidad financiera.
Este eje se ve apoyado mediante la creación de una nueva línea para la reestructuración de deuda financiera con aval del Estado, dotada con 3.000 millones de euros.
La norma aprobada extiende también hasta el 31 de diciembre el plazo para solicitar préstamos con aval del ICO.
Sobre la base del análisis del cliente que haga la entidad financiera, se podrán acordar medidas para, en primer lugar, extender por un periodo adicional el plazo de vencimiento de los préstamos con aval público; en segundo lugar, convertir los préstamos con aval público en préstamos participativos, medida que reforzará los recursos propios de las empresas beneficiarias al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles. Como medida de último recurso en este ámbito, se permite la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia.
3. Fondo de recapitalización de empresas medianas
En tercer lugar, y para los casos en que las medidas anteriores no hayan sido suficientes, se crea un Fondo de recapitalización de empresas afectadas por Covid, dirigido a reforzar los balances de empresas que eran viables en diciembre de 2019, pero que se enfrentan a problemas de solvencia por la pandemia.
Este fondo está dotado con 1.000 millones de euros y será gestionado por Cofides, empresa con capital público-privado. Las ayudas se realizarán en forma de instrumentos financieros, como préstamos ordinarios, préstamos participativos, capital u otros a empresas que atraviesen dificultades temporales y que no puedan acceder a las ayudas del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, gestionado por SEPI, que tiene un importe mínimo de aportación de 25 millones de euros.
4. Modernización de la normativa concursal para favorecer la continuidad de la actividad empresarial
El Real Decreto-Ley aprobado establece también medidas en el ámbito concursal, extendiéndose hasta el 31 de diciembre las moratorias actuales.
De forma específica, se extienden las moratorias relativas a la exención del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso que presenten los acreedores; se amplía el plazo para renegociar, tanto los acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago (ambos son instrumentos previos al concurso), como los propios convenios concursales; y se amplían hasta el 31 de diciembre de 2021 las medidas procesales que agilizan los procesos, como la tramitación preferente y el fomento de la subasta extrajudicial.
Otras medidas
Con el objetivo de reforzar la solvencia de las empresas se amplían los plazos de ejecución de proyectos financiados por la Secretaría General de Industria y de la Pyme y de los préstamos concedidos por Emprendetur a empresas del sector turístico.
También se aumenta a cuatro meses el periodo para poder retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora, entre otras medidas.
«Ayudas tardías e insuficientes», para Hosteleria de España y Mesa del Turismo
Desde la patronal Hostelería de España consideran estas ayudas insuficientes para todo el sector turístico y que «llegan muy tarde para las casi 100.000 empresas que han echado ya el cierre definitivo». Consideran además que quedan muchos detalles por conocer en cuanto a su aplicación, en manos de la gestión de las Comunidades Autónomas. Aún así, son conscientes de que las ayudas directas «son la única vía posible para garantizar la supervivencia de las empresas, en la línea de lo que se venía reclamando por parte del sector desde hace meses».
También desde la Mesa del Turismo se aplaude que el Gobierno, por fin, dé luz verde a un plan que incluye ayudas directas para paliar, en alguna medida, la situación crítica que atraviesan las pequeñas y medianas empresas del turismo, la hostelería y el comercio, pero recalcan que estas ayudas llegan muy tarde y son insuficientes, incluso insignificantes, para abordar con verdadera efectividad la dimensión de la crisis. Consideran que su cuantía debía elevarse como mínimo hasta los 40.000 millones de euros para abordar la recuperación del sector.
Por su parte, la Asociación de Empresas del Gran Consumo Aecoc valora positivamente la aprobación por parte del Consejo de Ministros del fondo de 11.000 millones de euros para ayudas a empresas y autónomos, «que supondrá una inyección de liquidez muy necesaria para los sectores más afectados por la crisis del Covid-19″. La asociación se mantiene a la expectativa de que el proceso de adjudicación de las ayudas se lleve a cabo con la máxima celeridad posible y también desde una buena coordinación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, «que facilite que las empresas dispongan de liquidez en el menor tiempo posible y puedan mantener su solvencia».
