Ya hay acuerdo definitivo entre el Gobierno, patronal y sindicatos mayoritarios sobre la «ley rider» o de repartidores a domicilio. Estos pasan a ser asalariados y tendrán derecho a ser informados sobre los algoritmos que emplean las plataformas y que afectan a sus condiciones laborales.
CEOE, CC.OO. y UGT han dado finalmente el visto bueno a la propuesta del Ministerio de Trabajo, que fija que los repartidores de las plataformas digitales son asalariados y no autónomos, y que por tanto han de formar parte de la plantilla de las plataformas de delivery. La nueva norma acordada con el Gobierno va a ser la primera en regular las condiciones laborales de este colectivo en Europa y se aprobará en breve, para entrar en vigor en tres meses.
El texto del real decreto ley consensuado entre entre el Gobierno, patronal y sindicatos mayoritarios modifica el Estatuto de los Trabajadores para establecer que los repartidores son asalariados y no autónomos (siguiendo la reciente doctrina del Tribunal Supremo, que se inclinó por la laboralidad de estos trabajadores el pasado septiembre).
También establece que los representantes de los trabajadores tiene derecho ser informados “de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles”. Es decir, han de ser informados sobre los algoritmos utilizados en la plataforma a la hora de tomar decisiones que afectan a sus empleados; un punto que la patronal no quería, en principio, incluir. Los sindicatos, por su parte, venían denunciando la «opacidad» de los algoritmos que crean perfiles de los trabajadores y atribuyen horas de trabajo, premios o sanciones en función de los mismos.
De esta forma, las plataformas tiene un plazo de 90 días para contratar a sus repartidores y convertirlos en asalariados. “Serán laborales con todos los derechos, se cotizará por ellos y tendrán la cadena de protección social que ahora no tienen”, ha explicado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que especifica que el plazo de tres meses “no es un plazo para reconocer la laboralidad, que ya es efectiva, sino un plazo de adaptación y despliegue de los sistemas operativos, también en el acceso a la información de algoritmos, debido a este cambio en la norma”.
España se convierte así en el el primer país de Europa que convierte por ley a los ‘riders’ en asalariados. Llegar al acuerdo sobre esta regulación ha sido complicado, con meses negociaciones y de tiras y aflojas, y finalmente el texto aprobado sólo se centra en repartidores de plataformas de food delivery, por lo que los sindicatos consideran la nueva ley “muy descafeinada, que se queda corta”, ya que siempre han reclamado que la regulación no se quedara en las plataformas de reparto y llegara a otras, como las de cuidados, tareas de limpieza del hogar o traducciones.
Las plataformas, en contra
La Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que engloba a empresas como Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats, ha mostrado su decepción con esta norma. «Lamentamos profundamente la posición que la CEOE ha tenido en la mesa del diálogo social, en la que ninguna de las propuestas del sector del reparto de comida a domicilio ha sido tenido en cuenta«, denuncia. «Las cesiones de la CEOE han sido totales, incluyendo la obligación de revelar los algoritmos, una medida que sin duda afectaría muy negativamente al desarrollo de la economía digital en España, además de atentar contra los principios más básicos de la libertad de empresa y la propiedad industrial».
Desde APS ven «con mucha preocupación» el futuro del sector y el efecto que la laboralización forzosa propuesta por el Gobierno podría tener en el colectivo de repartidores, y en el sector de la restauración, «que ha pedido al Gobierno una “ley rider” que no dañe todavía más al sector de la hostelería». Explican además que «mientras otros países europeos aprueban regulaciones que apoyan la economía digital con mayores protecciones para los repartidores autónomos, España parece ir en dirección contraria, poniendo en peligro un sector que aporta 700 millones de euros al PIB nacional”.
También desde Adigital explican su «profundo desacuerdo» con la ley rider. Consideran que «tal y como está redactada, esta norma solo generará incertidumbre en el sector. Esto es todavía más determinante en un momento de recesión como el actual, en el que la digitalización ha probado ser clave para la supervivencia de muchos negocios.
Por su parte, la plataforma Stuart denuncia «el efecto negativo que puede tener una laboralización forzosa tanto para nuestros clientes, como para los mensajeros colaboradores. No compartimos la decisión de ir en contra de la corriente europea -con Francia como mayor ejemplo-, donde sí se está legislando a favor de la economía digital y donde se están incluyendo mayores protecciones para los repartidores autónomos».
