El 12 de agosto ha entrado en vigor la «ley rider«, que obliga a las plataformas digitales de delivery a contratar como asalariados a sus repartidores y a ofrecer una mayor transparencia sobre sus algoritmos. Sin embargo, algunas ya esquivan la norma y han comenzado los despidos: el conflicto está servido.

En septiembre de 2020, el Tribunal Supremo sentenciaba que los repartidores no eran autónomos, sino trabajadores por cuenta ajena. Porteriormente, fruto del acuerdo que alcanzaron el pasado mes de marzo el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CC. OO. y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, la «ley rider» reconocía la presunción de laboralidad de los repartidores de las plataformas y les obligaba a a ofrecer una mayor transparencia sobre sus algoritmos.

Una norma que afecta a todas las plataformas digitales dedicadas al reparto de cualquier producto y sus trabajadores, no sólo a las de comida a domicilio, y que de entrada no fue bien recibida por la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que advirtió en su día sobre el riesgo que supone frente del desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español.

¿Qué ha ocurrido con la entrada en vigor de la ley, el 12 de agosto? Básicamente, que sólo Just Eat y Glovo pondrán en nómina a un pequeño porcentaje de sus repartidores, lo que ha provocado un fuerte malestar en el sector. 

¿Qué ha ocurrido con la entrada en vigor de la ley, el pasado 12 de agosto? Básicamente, que sólo Just Eat y Glovo pondrán en nómina a un pequeño porcentaje de sus repartidores, lo que ha provocado un fuerte malestar en el sector. 

Al conocerse la aprobación de la ley, Glovo ya anunció el lanzamiento de un nuevo modelo de autónomo «inédito en España» y la contratación de 2.000 trabajadores antes del final de año para adaptarse a la normativa. Pero son el 20% del total, pero que el resto, alrededor de 8.000, seguirán operando como autónomos, cambiando algunos aspectos de su dinámica laboral (ahora pueden renunciar a pedidos, conectarse a la aplicación a la hora que quieran…) para evitar regularizarlos. La respuesta sindical no se ha hecho esperar: Comisiones Obreras (CC. OO.) de Cataluña ha presentado dos denuncias ante la Inspección de Trabajo contra la plataforma, acusándola de presuntamente incumplir los derechos laborales de sus trabajadores y de desafiar la ley rider «abiertamente, sin hacer el intento de adaptarse a la normativa».

Uber Eats, por su parte, ha anunciado que dejará de usar autónomos y subcontratará a los repartidores a través de empresas especializadas en reparto, lo que se podría traducir en la pérdida de miles de empleos: quienes hasta ahora trabajaban como autónomos para la plataforma han sido desconectados jueves del sistema. Los sindicatos alertan de que este sistema podría incurrir en una cesión ilegal de trabajadores–

Por su parte, Deliveroo ha anunciado directamente que deja España (lo que deja en el paro a más de 3.800 trabajadores), y Just Eat, que emplea sólo repartidores contratados, está negociando con los sindicatos las bases del que sería el primer convenio colectivo del sector del delivery en España, aunque sólo para una décima parte de sus motoristas, los propios (el resto son asalariados de restaurantes o empresas de logística).

¿Se va a quedar la ley rider en papel mojado? El sindicato UGT ha indicado que adoptará «las medidas legales necesarias» para que se cumpla la norma, aunque ha pedido también al Gobierno que extreme la vigilancia para exigir su cumplimiento, y que presione también para lograr una norma a nivel europeo que regule a las plataformas de delivery y garantice el respeto a los derechos laborales.

Lo cierto es que, de momento, la entrada en vigor de la ley rider no ha dado el resultado esperado, y sólo unos pocos repartidores han conseguido un contrato como asalariados en una de las grandes plataformas. Con las diferentes asociaciones del sector enfrentadas entre sí y miles de trabajadores en paro, todo indica que la batalla legal continuará en los juzgados…