Primero fue una treintena de franquiciados, y ahora otros 30 se suman a la denuncia por presunta estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos contra el Grupo Restalia, según han anunciado los abogados de los despachos Cremades & Calvo-Sotelo y Rafael Franco Abogados, que representan a los franquiciados afectados.
Según se ha anunciado en una rueda de prensa, 30 franquiciados se sumarán al procedimiento en el que ya habían denunciado otros 32 en la ampliación que se presentará ante el Juzgado de Instrucción Número 52 de Madrid, y según los cuales Restalia y los responsables de 29 empresas vinculadas al grupo (entre ellas 100 Montaditos, La Sureña, The Good Burger, Pepe Taco y Panther Juice & Sandwich Market) habrían ocultado la existencia de acuerdos con proveedores que hacían inviable la rentabilidad de los negocios, entre otras cuestiones. Además, otros 40 franquiciados están en lista de espera para unirse a la denuncia, al haber recibido los abogados «cientos de llamadas«.
Los abogados calculan que el grupo habría causado un perjuicio de casi 20 millones de euros a los primeros 32 franquiciados, con un perjuicio promedio de entre 300.000 euros y 600.000 euros por franquiciado.
Los letrados explican que no cuestionan el modelo de franquicia como negocio, y que han investigado a fondo los hechos denunciados por los franquiciados, que consideran «muy graves», y que comienzan con una «captación indiscriminada de franquiciado» con promesas de rentabilidad basadas en «números irreales». «Consiguieron hacerles creer que sus franquicias darían unos beneficios que, en realidad, nunca podrían alcanzar», señalan.
Además, también denuncian la existencia de cláusulas de exclusividad con proveedores que «ofrecían precios por encima del mercado«, así como improvisación por parte de la empresa y problemas en el modelo de negocio.
Según explicaron varios de los franquiciados denunciantes en la rueda de prensa, la central obliga a contratar sus propios proveedores, e impone el precio de compra y el de venta al público; en el caso de que haya deudas, impone el corte de suministros al local, e incluso varios franquiciados de The Good Burger han llegado a denunciar el suministro de carne caducada.
El procedimiento abierto investiga, en conjunto la existencia de delitos fiscales, presunta estafa, organización criminal, coacciones, delito contra los consumidores, delitos informáticos y blanqueo de capitales.
Restalia defiende su actuación «transparente»
Tras saltar la noticia de la denuncia interpuesta por los primeros 30 franquiciados, Restalia emitió un comunicado señalando que no tiene constancia ni ha recibido denuncia ni citación alguna, y manifestando «absoluta tranquilidad» por «haber actuado de manera transparente y acorde a los contratos y acuerdos con los franquiciados en todos sus términos y condiciones».
El grupo liderado por José María Fernández Capitán señala que apoya a sus franquiciados, con medidas como un paquete privado de ayudas valorado en más de 7 millones de euros «que incluye un plan de contención de precios en materias primas ante a las oscilaciones inflacionistas en el mercado» y recuerda que en sus 22 años de historia no se ha enfrentado a procedimientos penales y cumple, «rigurosamente, la regulación vigente».
Por último, señala que «respetamos el procedimiento judicial y colaboraremos con todo lo necesario y cualquier requerimiento, como siempre hemos hecho».
