Ante la inminente entrada en vigor de la nueva normativa de registro de viajeros, los hoteleros denuncian que es imposible automatizar el proceso y que va a suponer «un trabajo manual añadido y desproporcionado» para los establecimientos y un considerable aumento de errores.

El 1 de octubre entra en vigor de la última prórroga del Real Decreto 933/2021 que exige solicitar datos a los subsectores del sector turístico con la la nueva normativa de registro de viajeros. Entre ellos, el correo electrónico, el método del pago, el número de la tarjeta de débito o crédito utilizada o la relación de parentesco entre adultos y menores que viajan juntos.

La patronal hotelera Cehat y el resto de patronales implicadas manifiestan su oposición a esta normativa «por el caos que produciría su implementación, debido a la imposibilidad de cumplimiento».

Según este Real Decreto, habría un posterior desarrollo por orden ministerial de cuáles deberían ser los datos que se aporten por cada uno de los subsectores del turismo (alojamiento, coches de alquiler, agencias de viajes, plataformas de intermediación, campings, pisos turísticos…).

Sin embargo, los hoteleros denuncian que, a fecha de hoy, este desarrollo legislativo no existe, por lo que hay una confusión generalizada sobre qué información sería exigible y a la forma de remitirla.

Según la nueva normativa, el sector hotelero tiene que facilitar datos no oficiales y que no aparecen en los DNI y pasaportes de los viajeros, como forma de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil, domicilio real…

Esto hace imposible remitirlos de forma automatizada, obligando a su registro y envío de forma manual» y al consiguiente aumento de errores y trabajo desproporcionado de quienes los deben remitir», señalan desde Cehat. Muchos de estos datos, además, exceden la normativa comunitaria sobre la libre circulación de personas en la Unión Europea, explican desde la patronal hotelera.

Los poblemas que va a causar la nueva normativa

Ante esta situación, las asociaciones sectoriales turísticas señalan los problemas que va a ocasionar una legislación «de imposible aplicación»:

• Incompatibilidad con la normativa de la Unión Europea: La Comisión Europea y el TJUE, en la Sentencia C-817/19, han señalado que las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en el Real Decreto vulneran las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad.
  La recolección y almacenamiento de datos, tal como está planteada, no respeta los principios de proporcionalidad y minimización, lo que podría generar sanciones, acciones judiciales y mayor inseguridad jurídica para los sujetos obligados.
  Además, señalan desde Cehat, «el Real Decreto implica una injerencia significativa en los derechos de privacidad de turistas y usuarios sin ofrecer salvaguardias claras, limitando la recolección masiva de datos a casos específicos y justificados».

• Inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento: El Real Decreto carece de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales, lo que provoca inseguridad jurídica.
  Asimismo ignora las complejidades operativas de las empresas afectadas, que se enfrentan a dificultades para recopilar los datos exigidos antes de la prestación de los servicios, lo que las expone a importantes sanciones debido a la imposibilidad de cumplir con estas obligaciones, con las consecuentes repercusiones operativas y reputacionales.

• Desventaja competitiva en el mercado nacional y europeo: Las obligaciones impuestas por el Real Decreto colocan a las empresas españolas, o a aquellas que operan en España, en una clara desventaja frente a competidores en otros países de la UE que no tienen normativas similares.
  Empresas y organizaciones europeas, como agencias de viajes, plataformas de comercialización, organizadores de congresos, hoteles, apartamentos turísticos y turoperadores, entre otros, han expresado ya sus dudas sobre el cumplimiento de esta normativa en los órganos europeos

• Falta de adecuación tecnológica: Actualmente, la infraestructura tecnológica necesaria para cumplir con las obligaciones de registro y comunicación no está plenamente operativa, «lo que redunda sobre la incertidumbre jurídica», y la imposibilidad de cumplimiento añade probabilidad de riesgos operativos y reputacionales para los sujetos obligados.
  La falta de preparación tecnológica ya ha sido señalada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Comisión Europea.
  Al mismo tiempo, la distribución de competencias en materia de seguridad en España genera la implementación de diferentes herramientas en distintas regiones del país, «lo que supondrá una dificultad adicional para las empresas turísticas con centros de trabajo operativos en varios territorios a nivel nacional», señalan desde Cehat..

• Carga administrativa desproporcionada: los hoteleros señalan que las nuevas obligaciones de registro e identificación «suponen una sobrecarga administrativa excesiva, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que constituyen el núcleo del sector turístico (95% de las empresas).
  «Implementar estas exigencias incrementa los costos operativos y la complejidad de gestión, algo que muchas empresas no pueden asumir, enfrentándose, además de a los riesgos expuestos, operacionales y reputacionales, a graves sanciones económicas por su incumplimiento«, advierten.

La patronal hotelera insiste en que actualmente el sector reglado no está en disposición de dar todos los datos, «y menos si las viviendas de uso turístico y la oferta ilegal de alojamiento no van a tener las mismas obligaciones».